Demandas llaman la atención sobre rol de autoridades locales en aplicación de leyes federales de inmigración
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Dos demandas contra la Oficina del Sheriff del Condado de Adams llaman la atención sobre el papel de las autoridades estatales y locales en la aplicación de las leyes federales de inmigración.
El fiscal general del estado de Washington demandó a la Oficina del Sheriff de ese condado a principios de marzo. Según la demanda, sus agentes han detenido a personas únicamente por su condición de inmigrantes. También afirma que han permitido a agentes federales de inmigración interrogarlos mientras estaban bajo custodia local.
“La demanda pide que la Oficina del Sheriff del Condado de Adams cumpla con la ley de Washington”, dice un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal General.
Serafín Rangel-Sambrano, residente de Washington, presentó otra demanda en enero. Según esta, fue detenido ilegalmente y luego entregado a agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos con fines de aplicación civil de la ley de inmigración.
En ambos casos se alega que se infringió la Ley Keep Washington Working.
Arturo Mayo es el director de operaciones de la organización sin ánimo de lucro Unidos Nueva Alianza. Esa organización, con sede en Ephrata, presta servicios a comunidades inmigrantes y poco representadas. Sirve a personas de varios condados del centro de Washington.
Mayo mencionó que las colaboraciones entre las autoridades locales y los agentes de inmigración se han producido en la región antes.
“El condado de Grant es un condado republicano. Tuvieron algunos problemas similares cuando Trump estaba por primera vez en el cargo y continuaron trabajando con la agencia federal a lo largo de la administración de Biden también”, indicó Mayo.
Asimismo, agregó que miembros de la comunidad en el área están preocupados.
“Ya ni siquiera saben si pueden conectarse con la policía local. Existe la incertidumbre de que si dan algún tipo de información personal, temen que el sheriff pueda dar esa información a los agentes del ICE”, manifestó Mayo.
El Northwest Immigration Rights Project (Proyecto del Noroeste pro Derechos de los Inmigrantes) es otra organización sin ánimo de lucro que presta servicios jurídicos en la región. NWIRP está representando a Rangel-Sambrano en su caso.
Vanessa Gutiérrez, codirectora adjunta de NWIRP, explicó que su cliente fue detenido por la supuesta posesión de un vehículo robado. Sin embargo, él declaró que se lo habían prestado y Gutiérrez dijo que no se presentaron cargos contra él.
“En lugar de liberarlo como se les exigía, lo retuvieron para la aplicación de la ley de inmigración y se lo entregaron a ellos [a quienes aplican las leyes de inmigración], lo que fue una violación directa de Keep Washington Working”, dijo Gutiérrez.
Gutiérrez señaló que las narrativas que retratan a los indocumentados como criminales son incorrectas.
“La mayoría de los casos de inmigración son procedimientos civiles. Sólo es un caso penal cuando se presenta un delito penal”, afirmó.
“La gran mayoría de las personas que se encuentran en procedimientos de deportación están en esos procedimientos debido a una supuesta infracción civil. Por tanto, no es derecho penal”, añadió.
De igual manera, aseguró que la Ley Keep Washington Working marcó una diferencia en la comunidad.
“Empezamos a ver un gran cumplimiento, en su mayor parte. Hay algunos condados como el condado de Adams que se han resistido y también han violado descaradamente la ley”, expresó Gutiérrez.
La Oficina del Sheriff del Condado de Adams publicó en las redes sociales que la demanda del fiscal general del Estado de Washington “es un intento decepcionante de obstaculizar nuestra capacidad para mantener la seguridad pública”.
Además, declaró que los agentes del Sheriff están comprometidos a proteger a las comunidades de la actividad criminal, independientemente de dónde se origine.
“La afirmación de que estamos participando en la ‘aplicación ilegal de las leyes federales de inmigración’ tergiversa la realidad de la aplicación de la ley en el condado de Adams. No hacemos cumplir la ley federal de inmigración, pero tampoco haremos la vista gorda a la actividad criminal – no importa quién la cometa”, dice el post.
