Corte Suprema de WA concluye que Ley de Derecho al Voto es constitucional

Ballot envelope.
Sobre de devolución de boleta de votación. (Crédito: Janine Robinson / Unsplash)

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La Corte Supremo de Washington denegó el jueves la apelación que cuestionaba la constitucionalidad de la Ley de Derecho de Voto del Estado de Washington en la demanda por el derecho al voto de los latinos contra el condado de Franklin. La opinión de la Corte se produjo sólo un mes después de que los jueces escucharan los argumentos orales de las partes implicadas.

La apelación presentada por James Giménez, un ciudadano de Franklin que intervino en el caso, argumentaba que la Ley de Derecho al Voto del Estado de Washington sólo protege a algunos grupos raciales y viola la 14ª Enmienda y las garantías de igualdad de protección de la Constitución de Estados Unidos.

Sin embargo, el tribunal consideró que los argumentos se basaban en una interpretación incorrecta de la definición de clase protegida de la Ley de Derecho de Voto del Estado.

Edwardo Morfin es uno de los abogados de los votantes latinos y de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, quienes fueron los demandantes originales en el caso contra el condado de Franklin. Ambas partes llegaron a un acuerdo el año pasado para crear un sistema de elecciones que permitiera a los ciudadanos de cada distrito elegir su propio comisionado.

Morfin dijo estar satisfecho con la decisión.

“Reafirmó que la Ley de Derecho al Voto del Estado de Washington es constitucional y viene a remediar algunos errores”, dijo Morfin en inglés.

La recién publicada opinión de la Suprema Corte del estado afirma que el lenguaje de la Ley de Derecho de Voto del Estado “protege a todos los votantes de Washington de la discriminación por motivos de raza, color y grupo lingüístico minoritario”.

También señala que los demandantes están legitimados y que la Ley de Derecho de Voto del Estado de Washington es válida y constitucional a primera vista.

La Corte confirmó la decisión del tribunal de primera instancia, concediendo a los demandantes los honorarios de abogado y los costos, al igual que la devolución del cálculo de los honorarios incurridos en el tribunal de primera instancia.

El abogado de Giménez, Joel Ard, dijo durante los argumentos orales del mes pasado que, para poder demandar, los grupos minoritarios debían constituir menos de la mitad de la población local.

“Aquí, los hispanos son mayoría en el condado de Franklin”, dijo Ard en ese momento.

Ard también dijo que el término “raza” no está claramente definido en la ley federal, la interpretación judicial oficial de la Ley Federal del Derecho al Voto y la Ley del Derecho al Voto de Washington.

“Parece ser que cuando la legislatura utiliza raza, al igual que cuando la legislatura federal, el Congreso, utiliza raza, y cuando se utiliza en las interpretaciones judiciales de la Sección Dos, todo el mundo asume que todos sabemos de lo que estamos hablando”, dijo Ard en inglés.

Ard no respondió a las peticiones de comentarios antes de la publicación de este artículo.