Cómo la sentencia del Tribunal Supremo sobre el aborto está cambiando el Noroeste: Lo que te puedes haber perdido

En los meses que siguieron a la anulación del caso Roe contra Wade, muchas personas—entre ellas pacientes, proveedores de atención sanitaria y organizadores del derecho al aborto—se enfrentaron a cambios extremos en sus vidas y sus medios de subsistencia. Estos son algunos de los cambios que se produjeron en nuestra región desde entonces.

En los años anteriores a la decisión del Tribunal Supremo de 2022 sobre el aborto, la Legislatura de Idaho ya había aprobado múltiples leyes desencadenantes que estaban a punto de prohibir el aborto y criminalizar a los proveedores que lo practicaran.

Cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió la sentencia Dobbs en junio del año pasado, Idaho acabó teniendo algunas de las leyes sobre el aborto más estrictas del país. Tanto los antiabortistas como los defensores del derecho al aborto de Idaho y los estados vecinos habían empezado a hacer planes meses antes.

Hannah George, madre de dos hijos en Boise, declaró en una entrevista la primavera pasada que estaba considerando la posibilidad de esterilizarse tras conocer la noticia de la filtración de la opinión del Tribunal Supremo sobre el caso Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization.

George, que anteriormente había sufrido dos abortos espontáneos, dijo que le preocupaba lo que pudiera ocurrirles a sus hijos si tenía un tercero y los médicos retrasaban el tratamiento por temor a repercusiones legales, profesionales y económicas.

“Pienso en si esto hubiera sucedido en 2016 [cuando tuve un aborto espontáneo] Como, ¿qué haría el médico?”, dijo. “El médico entró literalmente en la sala de ultrasonidos y me llevó corriendo al otro lado de la calle al hospital. La cirugía tenía que ocurrir en los próximos 20 minutos, o iba a morir”.

En Washington, la legislatura estatal aprobó el año pasado el proyecto de ley 1851 para ampliar el número de profesionales médicos autorizados a practicar abortos.

Según el Fondo de Acceso al Aborto del Noroeste (Northwest Abortion Access Fund), que proporciona ayuda para viajes y otros gastos a las embarazadas que quieren abortar, los costes totales de los servicios de apoyo práctico aumentaron de 413.057 dólares en 2021 a 902.232 dólares hasta el 15 de noviembre del año pasado.

El septiembre pasado, la Universidad de Idaho envió un memorando a su personal en el que les aconsejaba evitar un lenguaje que pudiera ser visto como un asesoramiento a favor del aborto o una derivación para el mismo, basándose en la Ley de No Utilización de Fondos Públicos para el Aborto.

Aunque la universidad envió posteriormente “aclaraciones” al personal en las que afirmaba que la política de la UI no había cambiado, algunos profesores y estudiantes afirmaron que el memorando había tenido un efecto amedrentador en las clases en las que se trataban temas como el aborto y la anticoncepción.

Malachi Witherwax, un estudiante de la UI que trabaja en el programa de estudios asistidos por compañeros de la universidad, dijo que un profesor de una clase había optado por dar a todos los estudiantes la misma nota en una tarea relacionada con la anticoncepción para evitar cualquier posible percepción de parcialidad.

Aunque el asesor jurídico de la universidad resumió el memorando como unas directrices para ayudar al personal a comprender sus derechos y su responsabilidad, Witherwax dijo que les preocupaba que las leyes en cuestión pudieran convertirse en armas contra los profesores y el personal estudiantil, aunque esas acusaciones fueran infundadas.

“Estoy seguro de que no voy a hablar de ello”, dijeron.

En la legislatura de Idaho, el proyecto de ley 2 de la Cámara de Representantes, patrocinado por el representante Bruce Skaug (republicano de Nampa), trataría de penalizar a las denominadas “ciudades santuario” que se nieguen a investigar a las personas por abortos criminales mediante la retención de los ingresos estatales procedentes del impuesto sobre las ventas.

El proyecto de ley llega después de que la ciudad de Boise aprobara una resolución el pasado mes de julio para no utilizar recursos municipales para investigar casos de aborto.

Este reportaje es posible gracias a la colaboración entre Northwest Public Broadcasting, Lewiston Tribune y Moscow-Pullman Daily News.