Renovación de la Ley de Violencia contra la Mujer ayuda a más grupos
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El presidente Joe Biden firmó la Reautorización de la Ley de Violencia contra la Mujer de 2022. El paquete de gastos de 1,5 billones de dólares reautoriza las actuales subvenciones de la ley hasta 2027 y abre la puerta para apoyar programas culturalmente específicos. Las organizaciones en el estado de Washington destacan la importancia de la financiación de los programas locales y su impacto en las víctimas y supervivientes.
La Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés), que proporciona recursos para apoyar a las víctimas de la violencia de género, por primera vez incluye explícitamente a las comunidades LGBTQIA+. Además, amplia las disposiciones para hacer frente a la crisis de violencia que sufren las comunidades de nativos americanos, la protección de las víctimas jóvenes y las comunidades rurales.
En el estado de Washington, los fondos llegan en el mejor momento, especialmente por el impacto de Covid-19, dice Elizabeth Montoya, coordinadora de comunicaciones de la Coalición del Estado de Washington contra la Violencia Doméstica.
“Estamos muy contentos de ver que se ha reautorizado la Ley de Violencia contra la Mujer”, dijo Montoya. “Es un proyecto de ley realmente importante para las supervivientes y sus familias. Está poniendo más fondos para programas culturalmente específicos y rurales, que es tan importante y es una brecha.”
Tener fondos para programas específicos enfocados en la comunidad LGBTQIA+ podría asegurar el acceso a recursos críticos. Los programas estatales están abiertos para atender a todos los supervivientes; sin embargo, según el sitio web del Grupo de Trabajo Nacional LGBTQ “sólo uno de cada cinco supervivientes de agresiones sexuales y violencia de pareja del mismo género recibió servicios para víctimas”.
La ampliación de la ley con la inclusión de la jurisdicción penal especial para proteger a las víctimas y supervivientes de la violencia doméstica, la violencia sexual, el tráfico sexual y el acecho es un gran paso para mantener segura a la comunidad nativo americana. Esto permite a las tribus solicitar la jurisdicción penal especial tribal para procesar a los no nativos que cometan ciertos delitos en sus tierras.
La ley también genera optimismo en cuanto a la concienciación de los jóvenes y de la comunidad rural, el establecimiento de un modelo de justicia restaurativa y la posibilidad de centrar los programas en que los perpetradores actúen frente a sus comportamientos abusivos.
