Informe critica a Yakima por vuelos ICE de deportación, mientras la ciudad explica dilema financiero

Desde que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como ICE por sus siglas en inglés, trasladó vuelos de deportación del condado de King a Yakima en mayo, el área central del estado de Washington ha desempeñado un papel cada vez más grande en los procedimientos federales de deportación, a pesar de protestas de activistas locales. 

Activistas que forman parte de la Red Comunitaria para Inmigrantes de Yakima son testigos a cada vuelo que en promedio llegan al aeropuerto dos veces por semana. El martes 20 de agosto activistas portaban letreros contra ICE y la deportación, agitando sus brazos y gritando repetidamente: “No estas solo. You are not alone.”

Mientras los detenidos subían una escalera propiedad de la ciudad de Yakima al avión, con las manos y las piernas encadenadas, saludaban a los activistas que observaban a lo lejos.

A la vez, voluntarios de la Red Comunitaria para Inmigrantes contaban y fotografiaban cada persona que abordaba el vuelo operado por un subcontratista de ICE, así como lo hacen cada semana. Esta vez, dieciocho detenidos bajaron del avión, probablemente en camino al Centro de Detención del Noroeste en Tacoma, y luego 88 subieron a bordo en camino a El Paso, probablemente para ser deportados.

El Departamento de Correcciones del Condado de Yakima tiene un contrato desde el 1996 para mantener detenidos federales en la cárcel del condado. Pero un nuevo informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (UWCHR) alega que el rol que juega el condado y la ciudad de Yakima en procedimientos de deportación es más grande que nunca.

El reporte estima que en promedio 160 personas bajo custodia de ICE ahora fluyen a través del aeropuerto de Yakima cada semana.

“Eso significa que nuestras entidades públicas, ya sea la cárcel del condado o la ciudad de Yakima, que dirigen el aeropuerto, deben considerar cuáles son las implicaciones éticas de estar involucrado en ese trabajo que sabemos está cometiendo abusos contra los derechos humanos de manera regular”, dijo Angelina Godoy, directora del UWCHR. 

“¿Son estos el tipo de socios comerciales que queremos que tengan nuestras entidades públicas?”, comentó Godoy.

UWCHR informó anteriormente sobre acusaciones de abuso en vuelos de deportación de ICE, citando un registro de quejas del Departamento de Seguridad Nacional. Ademas, periodistas de ProPublica encontraron en mayo 214 quejas presentadas contra agentes federales por abusar o maltratar a niños detenidos.

Pero el nuevo informe no encontró casos de abuso físico en vuelos hacia y desde Yakima, en parte porque los vuelos solo comenzaron recientemente y ICE resguarda información sobre el abuso, dijo Godoy

Aunque no se hay pruebas aun de abuso físico en vuelos de Yakima, la región se ha convertido en una parte más importante de lo que Godoy llama la “red de deportación con fines de lucro”. Según el informe de la UWCHR, “Yakima seguiría siendo responsable de su papel en el envío de detenidos para ser abusados en otros sitios”.

“Esta es una red que opera prácticamente sin transparencia y con muy poca responsabilidad”, dijo Godoy.

Pero la ciudad de Yakima sigue de cerca las operaciones de ICE que ocurren localmente, dijo el portavoz de la ciudad, Randy Beehler.

Un activista de la Red de Respuesta a Inmigrantes de Yakima sostiene un cartel que cita al gobernador Jay Inslee mientras 88 detenidos federales detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas montan un avión el 20 de agosto de 2019. CRÉDITO: ENRIQUE PÉREZ DE LA ROSA / NWPB

“Es difícil comentar sobre algo que es una conclusión, una perspectiva, y no algo respaldado por evidencia”, dijo Beehler sobre los hallazgos de la UWCHR. “El mismo (informe UW) dice que ese tipo de reportes no han aparecido en Yakima. Creo que eso habla por sí mismo”.

Desde mayo, los observadores de la Red de Comunitaria para Inmigrantes y la ciudad de Yakima han contado mas de 1900 personas que suben y bajan de los vuelos de ICE operados por compañías privadas como Swift Air y World Atlantic Airways. 

El aumento en el movimiento de personas detenidas por ICE señala una creciente relación financiera entre los gobiernos locales de Yakima, la ciudad y el condado, y la red federal de deportación, según Godoy.

Según el informe, el Condado de Yakima ha ganado más de $1 millón de dólares desde 2015 en su acuerdo de encarcelar a gente detenida por ICE en la cárcel local. El Departamento de Correcciones del condado factura a ICE $84.51 por cada día que un detenido federal se encuentra en la Cárcel del Condado de Yakima.

La ciudad de Yakima no tiene un contrato con ICE, pero según la UWCHR, la ciudad obtiene ingresos de ICE a través de tarifas a vuelos en el aeropuerto, cual es propiedad del municipio.

El corredor de transporte aéreo de ICE, Classic Air Charter (CAC), subcontrata a transportistas privados, comunmente Swift Air en la region. Por cada vuelo, la ciudad de Yakima cobra a CAC $260 por el uso de instalaciones de la ciudad, como sus escaleras móviles. El informe también encontró que la ciudad ha cobrado a CAC entre $110 y $220 dólares por “seguridad de operaciones” por al menos siete vuelos.

Pero la ciudad de Yakima tiene más que perder que las tarifas de aeropuerto, a las que todo vuelo, ICE o no, está sujeto y es una pequeña fuente de ingresos en el presupuesto de la ciudad. En una reunión del consejo municipal del 16 de julio, los funcionarios expresaron su preocupación de que la acción contra los vuelos pudiera poner en peligro subvenciones federales para el aeropuerto.

“Se ha renovado la pista, el sistema de iluminación, el equipo de extinción de incendios en el aeropuerto, el equipo de seguridad en el aeropuerto. Todo ese dinero que obtenemos de la Administración Federal de Aviación se destina a ese tipo de costos”, dijo Beehler, el portavoz de la ciudad de Yakima.

La ciudad ha recibido alrededor de $19 millones en subsidios federales para mejoras en los últimos 10 años, dijo Beehler, que en promedio cubren el 90 por ciento de los costos de cada proyecto. Al recibir las subvenciones, la ciudad está legalmente obligada a operar el aeropuerto para uso público y servicio de aeronaves del gobierno federal.

La ciudad también tiene un contrato con McCormick Air, el operador de base fija a cargo del servicio de vuelos allí y cuyo contrato de arrendamiento se vence hasta el año 2044. Beehler agrega que McCormick Air pasa constantemente inspecciones diarias, trimestrales y aleatorias de la infraestructura de sus instalaciones y medidas de seguridad.

En una votación el 16 de julio, el consejo municipal votó 4-3 en contra de prohibir los vuelos de ICE a través de una orden ejecutiva, una medida que hubiera reflejado la acción tomada en el Condado de King. 

Pero activistas aún tienen esperanzas de que una nueva votación después de las elecciones de noviembre tenga un resultado diferente. Ben Rodgers gestiona la campaña de Liz Hallock para el concejo municipal, una candidata a favor de la acción ejecutiva contra los vuelos de ICE en Yakima.

Aunque la posible pérdida de ingresos en subvenciones y tarifas aeroportuarias es una gran amenaza para el presupuesto de la ciudad, el abuso que ocurre en Yakima a través de los procedimientos de deportación es mucho mayor, dijo Rodgers.

“Es asqueroso”, dijo. “La idea de que nuestra ciudad se está beneficiando de ser cómplices del sufrimiento que no se puede evitar ver aquí, es asqueroso y desalentador.”